* Ayuntamiento de Hermosillo es el responsable brindar las pruebas necesarias para iniciar el proceso desde el Congreso del estado: ‘Pollo’ Castelo
Por Omar Leon/ Extra de la Tarde
Ciudad Obregón, Sonora, abril del 2019.- El diputado local por Cajeme, Raúl Castelo Montaño dio a conocer que el juicio contra el ex alcalde de Hermosillo, Maloro Acosta no se ha podido iniciar puesto que la administración que encabeza Célida López no otorgo las pruebas necesarias para iniciar la comisión de gobernación el proceso legal contra Manuel Ignacio y su tesorero.
En el tema del Maloro Acosta, no se le está acusando al ex presidente el uso mal de los recursos, López Caballero fue el que obtuvo los recursos pasando por las manos de Maloro y de la alcaldesa interina siendo la Contraloría del gobierno federal quien hace la petición al Ayuntamiento de Hermosillo que regrese los 6 millones de pesos a la federación para ser reintegrados a la federación y puedan ser utilizados en obras de beneficio.
El ayuntamiento de Hermosillo no ha demostrado físicamente sobre el uso de dichos recursos que le otorgo la federación, siendo el propio ayuntamiento quien debe de investigar interinamente que paso con el recurso económico que se le otorgo, posteriormente a dicha investigación se puede analizar en comisiones del Congreso del estado y ahí comenzar realmente el juicio político que tanto está solicitando la alcaldesa de Hermosillo.
También el Ayuntamiento de Hermosillo debe de interponer la denuncia ante el ISAF para que se investigue y ponga en norma en que se invirtió o si continúan esos recursos al interior de la administración de Célida López.
Nuestro cuerpo de abogados nos hace ver que el mismo ayuntamiento no interpuso ninguna denuncia ante la Fiscalía General, tampoco a la Fiscalía Anticorrupción del estado y ninguna otra dependencia encargada de investigar los daños que se pudiesen ocasionar contra el Maloro Acosta, ni las 50 promesas de campaña contemplan la persecución política, ni la venganza política y mucho menos usaremos los instrumentos gubernamentales para castigar a políticos de otros partidos, argumento.
