Hermosillo, Sonora; mayo de 2025.- El diputado Sebastián Orduño Fragoza, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que busca ampliar las facultades de la Procuraduría del Adulto Mayor y garantizar una vejez digna y segura.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora, responde al mandato constitucional de proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente.
Explicó que la presente iniciativa busca crear un sistema permanente de atención telefónica digital y presencial en donde se atenderán denuncias y emergencias; establecer un registro estatal de personas adultas mayores en situación de riesgo e implementar medidas de justicia restaurativa y reparación del daño.
Asimismo, que las y los adultos mayores participen con voz y voto en consejos y comités de políticas públicas sobre envejecimiento, así como la posibilidad de emitir recomendaciones vinculantes cuando se acredite una afectación grave de sus derechos humanos.
“La protección de las personas adultas mayores no es una concesión, es una obligación del Estado y un acto de justicia histórica. Es reconocer que el desarrollo de nuestra entidad ha sido construido por generaciones que hoy merecen vivir con tranquilidad, seguridad, salud y amor. Sonora no puede quedarse atrás. Esta iniciativa responde al llamado de una sociedad que envejece, pero que quiere hacerlo con derechos”, subrayó.
Orduño Fragoza subrayó que de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Sonora residen 416,482 personas de 60 años o más, lo que representa el 13.8% de la población total. Las proyecciones demográficas indican que este porcentaje aumentará a más del 20% en 2030, lo que posicionará a Sonora como una de las entidades con envejecimiento más acelerado en el país.
La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, para su estudio.