EXTRA DE LA TARDE

FGJES OBTIENE VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA IMPUTADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN PERJUICIO DE DOS PERSONAS EN CAJEME

  • Sergio Valente fue vinculado a proceso por dos hechos con apariencia del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en grado de tentativa

Ciudad Obregón, Sonora; noviembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Sergio Valente “N”, por su probable responsabilidad en dos hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en grado de tentativa, en perjuicio de Jorge Adrián “N” y Omar Alonso “N” en Cajeme.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la representación social, los hechos ocurrieron entre las 03:30 y las 04:00 horas del 17 de mayo de 2026, en las inmediaciones del poste 20 del bordo del canal, en la colonia Las Areneras.

La investigación ministerial establece que el imputado actuó en compañía de diversos copartícipes, quienes habrían integrado un grupo de tres o más personas organizado para delinquir; en ese contexto, arribaron al lugar y, mediante una agresión sorpresiva, aprovechando su superioridad numérica y utilizando armas de fuego, realizaron múltiples detonaciones contra las víctimas.

Según la imputación, Sergio Valente “N”, junto con otros dos copartícipes, habría efectuado disparos directamente contra Jorge Adrián “N” y Omar Alonso “N”, mientras que otras dos personas presuntamente incitaron la agresión.

Como consecuencia del ataque, Omar Alonso “N” presentó una herida por proyectil de arma de fuego y Jorge Adrián “N” sufrió diversas heridas.

El resultado mortal no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los presuntos agresores, entre ellas la reacción evasiva de las víctimas, quienes lograron huir del lugar, así como la atención médica oportuna que recibieron.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos de alto impacto que atentan contra la vida y la integridad de las personas, mediante actuaciones ministeriales sustentadas en datos de prueba y con estricto apego al debido proceso, garantizando los derechos de las víctimas y de las personas imputadas, quienes conservan la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria por autoridad judicial competente.

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