* Se dejó sin efecto la propuesta de cancelar completamente la figura de subcontratación
* Se acordó un tope máximo de 90 días para el pago de la PTU a los trabajadores y se respetó al 100 por ciento sus derechos
Hermosillo, Sonora, abril del 2021.- El acuerdo alcanzado entre Gobierno Federal, el sector empresarial y sindicatos obreros permitió mantener la subcontratación especializada y la de servicios compartidos, figuras necesarias para alentar la competitividad en el País, la reactivación económica y otorgar flexibilidad a empresas y trabajadores, aseguró el presidente de Coparmex Sonora Norte.
Kurt Gerhard López Portillo consideró que es un buen acuerdo, pues luego de tres meses de negociación el resultado final no fue la propuesta original del Gobierno que prohibía todo tipo de contratación, ni la de la iniciativa privada que pedía no realizar ninguna prohibición, ni la del sector laboral, que flexibilizó sus demandas, sino que se dio paso a un nuevo acuerdo.
“La negociación alcanzada privilegia el respeto a los derechos de los trabajadores, permite a nuestro país ser competitivo -gracias a que preserva la subcontratación de servicios compartidos- y modifica la propuesta del Gobierno Federal, presentada en noviembre pasado, que pretendía prohibir todo tipo de subcontratación”, afirmó.
Indicó que, pese a que no continuará la figura de la subcontratación interna, se consideraron los planteamientos que se hicieron desde el sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación y se consideraron las medidas necesarias para evitar que el impacto de esta determinación en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) provoque el cierre de negocios.
“Hacemos un llamado para que se siga fomentando el diálogo en la búsqueda de acuerdos, a que estos se respeten en la redacción final del dictamen respectivo en el Congreso y a que en la reglamentación de la reforma también se nos tome en cuenta para su adecuada implementación”, subrayó.
Ratificó el compromiso para coadyuvar en la eliminación de las prácticas abusivas y fraudulentas que han perjudicado a los trabajadores, al fisco y al propio sector empresarial.
Es importante destacar que se contará con un periodo de transición de tres meses que deberá ser cumplido para la regularización de la figura en los términos de la propia iniciativa.
