* Con argumentos se logra mayoría para acatar la Ley
Hermosillo, Sonora octubre de 2018.- Apegados a la legalidad y al compromiso que hicieron con los sonorenses, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, se manifestaron y votaron en contra del acuerdo que buscaba el nombramiento de nuevos trabajadores del Congreso del Estado.
En representación de la bancada priista, Jorge Villaescusa Aguayo argumentó el desacuerdo ante la insistencia de aprobar una iniciativa que desacata la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, de la cual el Congreso del Estado fue notificado el 01 de octubre de 2018.
“A los diputados del PRI nos queda claro, como legisladores, la premisa más importante que tenemos es la del cumplimiento de la legalidad”, destacó.
Resaltó que este acuerdo presentado en el pleno, viola la ley y se incumplen no solo responsabilidades administrativas, sino también deriva en consecuencias penales.
Con este posicionamiento, la bancada priista refrendó su compromiso de trabajar apegados a la legalidad, “el marco jurídico es claro y no admite interpretaciones, por lo que no podemos avalar la ilegalidad ni el atropello, que se pretende incurrir en este caso”.
Dijo que el acuerdo presentado por la diputada Yumiko Yerania Palomares Herrera, se asignarían: Oficial Mayor, Contralor Interno, Directores Generales y Subdirectores del Congreso del Estado, es improcedente ya que existe una resolución que indica la suspensión de este proceso hasta que haya una sentencia definitiva.
La argumentación presentada por el diputado hizo eco en los legisladores de diferentes bancadas, que coincidieron en que al emitir un voto favorable estarían cayendo en desacato a la legalidad, logrando con ello desechar el acuerdo presentado.
Hizo un llamado a los integrantes de la bancada de Morena a ser respetuosos de lo establecido, “Una nueva mayoría no les da derecho a desconocer la Ley”, enfatizó, “sí se puede hacer historia, pero respetándola”.
Hizo referencia a lo dicho por Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para retomar la de que sean los órganos jurisdiccionales competentes, donde se diriman las interpretaciones de la ley que se tiene.
