* José Antonio Meade obstaculizó en Hacienda el avance de los consensos y el veto se mantiene en esa secretaría, denuncian
* La legislación propuesta por PAN y PRD tiene el propósito de implementar buenas prácticas internacionales para erradicar la corrupción del gobierno
* Entrega senador Francisco Búrquez a Mesa Directiva informe sobre las acciones emprendidas para la elaboración del proyecto de dictamen
Ciudad de México, marzo del 2018.- La falta de voluntad política del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha frenado los consensos para dictaminar la iniciativa que expide una nueva legislación en materia de contratación de obras públicas, mediante la cual se fortalece la inspección y vigilancia para erradicar la corrupción en este sector, expresó el senador Francisco Búrquez Valenzuela.
“Se trata de una reforma de segunda generación de la mayor importancia que deriva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es implementar buenas prácticas internacionales para combatir este flagelo, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y promover la libre competencia en condiciones de igualdad entre los licitantes”, apuntó.
La enorme corrupción del gobierno en este sector alcanza el 90 por ciento de las obras públicas, expuso, y lo único que detiene el dictamen, el cual cuenta ya con 90 por ciento de avance, es la falta de consenso con el PRI y el Ejecutivo federal, que a través de la SHCP omite entregar sus comentarios y observaciones.
La propuesta, presentada por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) el 23 de febrero de 2017, fue turnada ese mismo día a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
Al anunciar en conferencia de prensa la entrega de un informe a la Mesa Directiva con las acciones emprendidas para la dictaminación respectiva, Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, detalló que se ha trabajado en un esquema de Parlamento Abierto para incorporar las observaciones de todos los actores involucrados.
Al respecto, mencionó que se han recibido los comentarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.
Además, dijo, se ha convocado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la Confederación de Cámaras Industriales y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a hacer sus aportaciones, al igual que a diversas dependencias gubernamentales.
Asimismo, sostuvo que se solicitó a organizaciones civiles especializadas en transparencia y combate a la corrupción a participar en el proceso, entre las que destacan el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, México Evalúa y Vamos por más.
Búrquez añadió que el 12 de octubre de 2017, durante la comparecencia de José Antonio Meade como secretario de Hacienda en la Glosa del V Informe de Gobierno, instó al entonces funcionario a sacar adelante esta ley, pero no obtuvo respuesta y el veto se mantiene en la SHCP, lamentó.
“Se buscó por todos los medios realizar reuniones con el ex secretario de Hacienda, el esfuezo no dio resultados; se obstaculizó desde el gobierno federal para no avanzar en los consensos que permitieran aprobar esta importante ley”, subrayó.
Lo que hoy propone el candidato del PRI a la presidencia de la República para combatir la corrupción, resaltó, fue bloqueado por él como secretario de Hacienda y en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social probablemente esté implicado en el desvío de 500 millones de pesos a empresas fantasma, y en otros desfalcos millonarios ampliamente documentados como la estafa maestra.
Por su parte, el senador Víctor Hermosillo y Celada expresó que los senadores del PRI solicitaron tiempo para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes -esta última con la mayor obra pública contratada en el actual sexenio- dieran su opinión, pero lo único que han hecho es bloquear la elaboración del dictamen.
