VIGILAREMOS EL CORRECTO DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTE DEL PATRIMONIO DE TODOS LOS SONORENSES

Hermosillo, Sonora; octubre de 2019.- Propone Grupo Parlamentario de Acción Nacional en voz del legislador Eduardo Urbina Lucero que la enajenación de bienes inmuebles y la desincorporación de los bienes del dominio público así como; el recurso que se obtenga de la venta de éstos mismos; sean aprobados por las dos terceras partes del Congreso de Sonora.

El legislador explicó que los recursos que se obtenga serán destinado de manera directa el 30% al municipio donde se encuentren los bienes enajenados. “Con esta propuesta, estaremos atentos, vigilando en todo momento el correcto destino y aplicación de los recursos proveniente del patrimonio de todos los sonorenses”.

Urbina Lucero agregó que el objetivo es transparentar y etiquetar el destino de los recursos que el Estado obtenga por enajenación de bienes inmuebles.

Así mismo; el legislador indicó que en días pasados exigieron que el Ejecutivo del Estado, instruyera al Secretario de Hacienda para que en el Proyecto del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, incluyera el fondo o recurso económico que provenga de la operación de la compra-venta, de los estadios de béisbol Tomás Oroz Gaytán y Héctor Espino, inmuebles ubicados en la Ciudad de Obregón y Hermosillo.

De igual forma, se solicita que el recurso económico que provenga de los 65 inmuebles que pretende vender el Gobierno del Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales, San Luis Rio Colorado, entre otros, sea destinado a saldar la deuda del Gobierno del Estado con el Fondo de Pensiones de los trabajadores del ISSSTESON.

El legislador detalló que la suma total del recurso que se obtendrá tanto por la compra-venta de los estadios y de la licitación de los primeros 16 predios por parte de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, equivale casi al presupuesto asignado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora de 1,472 millones de pesos; es superior al presupuesto asignado al poder judicial de 1,228 millones de pesos y representa el 57% de los 2,422 millones asignados a la Secretaría de Seguridad Pública.

“Como se observa, el monto recaudado por la compra-venta de estos inmuebles, alcanza una suma importante, esto sin contar el monto total del resto de los inmuebles que se van a licitar, por lo que debemos de estar seguros en el destino del recurso y evitar que sea mal gastado, pues como ya se ha señalado, el ejecutivo gasta más y diferente de lo que le aprueba este Congreso”, puntualizó.

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