Resuelven solicitar al INAI presente incidente de inejecución de sentencia ante la SCJN

Hermosillo, Sonora, septiembre de 2019.- Por mayoría del Pleno de la LXII Legislatura, a propuesta de diversos diputados que integran la Comisión de Transparencia, se acordó exhortar al Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, a que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un incidente de inejecución de sentencia por el incumplimiento de resolución por parte del Poder Ejecutivo estatal.

El Acuerdo también resuelve exhortar al Presidente de la SCJN, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, realice todas las acciones legales a fin de que se cumplimente la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 74/2018, relativa a la designación de comisionados en el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI.

A nombre de diversos legisladores que integran la Comisión de Transparencia, el diputado Martín Matrecitos Flores informó al Pleno que, derivado de las reformas constitucionales que aprobó la LXI Legislatura mediante la Ley 288 en cuanto al procedimiento de designación de comisionados del ISTAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en la que denunció la invalidez de las normas que regulan el referido procedimiento.

“La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la acción de inconstitucionalidad antes aludida, fue notificada a esta Soberanía el 31 de mayo del año en curso, según se desprende del sello de la Oficialía de Partes de este Congreso”, expresó.

Dicha sentencia, en su resolutivo tercero declara la invalidez del Artículo 2, apartado A, fracción V, párrafo octavo que se incluyó dentro de la Ley 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada el 8 de agosto de 2018 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 13 de agosto del mismo año.

El diputado Gildardo Real Ramírez solicitó sumarse a esta iniciativa de la Comisión de Transparencia. Durante la discusión en lo general, el diputado Jorge Villaescusa Aguayo informó que el pasado 19 de septiembre se le notificó al Ejecutivo estatal el engrose del resolutivo, y el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh dijo que el grupo parlamentario del PRI no votaría a favor del Acuerdo no porque no les interese el tema de transparencia, sino porque se le hace un exhorto a la Suprema Corte en algo que ya fue resuelto.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, la asamblea aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar y solicitar la información respectiva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que en la revisión del paquete presupuestal del Estado para el ejercicio fiscal 2020, sea prioridad resolver la situación financiera del Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

A nombre de la Comisión Especial ISSSTESON, la diputada Rosa María Mancha Ornelas expuso que en específico se trata de conocer la información relativa a los recursos financieros que provendrán de la compra-venta de los estadios de béisbol Héctor Espino, en Hermosillo, y Tomás Oroz Gaytán, en Ciudad Obregón, Sonora.

Agregó que a casi un año de la creación de dicha comisión, se han realizado una serie de reuniones de trabajo en busca del cumplimiento de los objetivos para lo que fue creada, entre éstos la comparecencia del titular del Instituto, para buscar la solución financiera definitiva ante una deuda que asciende a más de 2 mil millones de pesos en el Fondo de Pensiones.

En el Acuerdo se le solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular del Ejecutivo estatal, informen a esta Soberanía la situación actual que impera en relación con el fondo o el recurso económico proveniente de la operación de compra-venta entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, de los estadios de béisbol.

En un tercer punto se resuelve solicitar a la Gobernadora del Estado que instruya al Secretario de Hacienda estatal, para que en el marco del análisis del paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, se incluya el fondo o recurso económico que provenga de la referida operación de compra-venta para que se destine exclusivamente al rescate financiero del Fondo de Pensiones del ISSSTESON.

En la discusión del Acuerdo, que fue aprobado por unanimidad, participaron los diputados Eduardo Urbina Lucero, Jesús Alonso Montes Piña, Fermín Trujillo Fuentes, Francisco Javier Duarte Flores, Miguel Ángel Chaira Ortiz y María Dolores Del Río Sánchez.

Aprueban acuerdos y turnan iniciativas a comisiones

Al continuar la sesión, el Pleno aprobó un Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve crear un protocolo de cuidado ambiental y ordena a la Oficialía Mayor, en conjunto con las diversas dependencias internas del Poder Legislativo, elaborarlo en un plazo de 90 días para, en su momento, buscar la certificación ISO 1400.

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano consideró que es necesario que este Poder tome cartas en el asunto y haga lo que le toca para cuidar el medio ambiente como institución, lo que sin duda permeará en la sociedad y no sea como se dice comúnmente, pura llamarada de petate o quede en letra muerta, dijo.

Y para exhortar a diversas autoridades federales y estatales en materia educativa, a efecto de que elaboren un programa sobre infraestructura educativa en el que establezca una ruta crítica para la instalación de tejabanes en los planteles educativos del Estado que no cuentan con uno, el Pleno aprobó un Acuerdo en el que también se destaca la importancia de cuidar las condiciones climáticas de cada región, el valor histórico y la antigüedad de la institución educativa.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes reconoció el esfuerzo de las autoridades educativas, ya que de los 2 mil 822 planteles de educación básica que hay en el Estado, el 83 por ciento ya cuenta con tejabanes en sus canchas, y queda pendiente dotar de este tipo de construcciones a 484 escuelas, lo que significaría proteger a más de 50 mil estudiantes, así como a los maestros y a la comunidad escolar en general.

La iniciativa que presentó en conjunto con el diputado Francisco Javier Duarte Flores también plantea establecer en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, que todas las instituciones de educación básica deben contar con tejabanes en sus canchas cívicas y deportivas, que cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad que emitan las autoridades competentes. Se turnó para estudio a la Comisión de Educación y Cultura.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el Artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo Artículo 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

“Es evidente que a México le urge un nuevo pacto federal en materia de coordinación fiscal, ya que el bajo crecimiento de los últimos años en las entidades federativas se debe principalmente a fallas fundamentales en la hacienda pública, por tener actualmente un anacrónico y centralista sistema hacendario”, aseveró la legisladora.

En esta sesión, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras diversas iniciativas con proyectos de decreto para reformar las leyes Estatal de Responsabilidades, de Justicia Administrativa, de Donación de trasplantes para organismos humanos, del Instituto de becas y crédito educativo, del Notariado y de Servicio Civil.

Establecer la inhabilitación definitiva para quienes causan una afectación al Estado o los municipios que exceda doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, propuso el diputado Carlos Navarrete Aguirre en su iniciativa para modificar la Ley Estatal de Responsabilidades. Se turnó a la Comisión Anticorrupción.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudiará la iniciativa presentada por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa en cuatro temas trascendentales: juicio contencioso administrativo en la vía sumaria; justicia abierta; aplicación de métodos alternos de solución de conflictos; y sentencias con lenguaje ciudadano.

Los diputados del grupo parlamentario del PAN presentaron una iniciativa para modificar las leyes de Donación de trasplantes para organismos humanos y del Instituto de becas y crédito educativo, con el objeto de que se otorguen becas y estímulos educativos hasta el nivel medio superior a

hijas e hijos de personas que donen órganos en vida o personas que ya fallecieron, para trasplante de manera voluntaria, planteó la diputada Alejandra López Noriega.

Para que los costos por los trámites realizados ante Notario Público que se realizan con motivo de las solicitudes de apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, como parte de las nuevas reglas de operación, sean menos onerosos, el diputado Lázaro Espinoza Mendivil propuso modificar la Ley del Notariado del Estado de Sonora, ya que dichos costos van desde los 8 mil a los 12 mil por la constitución de una sociedad, y entre 3 mil 500 y 5 mil por la protocolización de un acta de asamblea.

La iniciativa será estudiada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Pesca y Acuacultura, mientras que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Asuntos del Trabajo, analizarán la iniciativa presentada por el diputado Filemón Ortega Quintos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Servicio Civil.

Expuso que se trata de fincar responsabilidad patrimonial a los servidores públicos o funcionarios que realicen despidos de personal sin cumplir con los requisitos de Ley, ya que ocasionan daño patrimonial a las administraciones estatal y municipal, y a los organismos descentralizados y autónomos.

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