* Los diputados de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo y Jorge Russo, emitieron posicionamiento en contra sobre cómo se ejerció el gasto público por el Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2020
Hermosillo, Sonora, octubre de 2021.- Los integrantes de la Bancada Naranja, diputados de Movimiento Ciudadano Rosa Elena Trujillo Llanes y Jorge Russo Salido, indicaron que el Informe realizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), arroja datos que indican una mala aplicación de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2020.
La legisladora Rosa Elena Trujillo, quien leyó el posicionamiento de la Bancada, indicó que aun cuando el Informe que debe rendir cuentas sobre el gasto del dinero de los sonorenses es un documento técnico muy bien realizado, pero, que está hecho para que sea difícil de encontrar las irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos.
En este sentido, algunas de las revelaciones encontradas sobre el gasto ejercido por el Gobierno del Estado durante el 2020, se encuentra que en Gestión Financiera terminó el 2020 con un déficit presupuestario de casi 740 millones de pesos. Ingresaron recursos por 70 mil 131 millones de pesos, pero gastaron 70 mil 870.8 millones de pesos.
Destacan por su baja liquidez y alto endeudamiento las dependencias del Ejecutivo como: COBACH, CONALEP, Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, Coordinación Estatal de Protección Civil, Fondo Estatal de Modernización del Transporte, Fondo Estatal de Solidaridad, Instituto Sonorense de las Mujeres, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ISSSTESON, Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, Radio Sonora, Televisora de Hermosillo SA de CV y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.
En el caso de los Poderes y órganos Autónomos se encuentra el Tribunal Estatal Electoral, con un endeudamiento del 584%, en un período no electoral. Que alguien me explique.
Esto demuestra que el Estado reprobó en los indicadores más importantes de la gestión financiera: la liquidez y el nivel de endeudamiento.
Deuda Pública: De acuerdo a la Cuenta Pública el Estado de Sonora, presentó un balance negativo de 2 mil 388.1 millones de pesos. Lo que indica que se tuvo que contratar más deuda, ya sea para financiar el costo financiero de la deuda y/o para complementar los gastos corrientes o de inversión.
El gobierno del PRI en 2015 recibió una deuda de 22 mil 781 millones de pesos y deja cinco años después, sin considerar el 2021, una deuda a los sonorenses de 29 mil 481 millones de pesos.
En el rubro de Inversión Pública, cuatro dependencias del estado: SIDUR, Junta de Caminos, Cecop y en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, dejaron de ejecutar 744 obras autorizadas en el presupuesto original con un monto de más de 1,451 millones. Y, por otra parte, realizaron 225 obras no autorizadas en el presupuesto original, por un monto superior a los 862 millones de pesos.
En Gasto Público, en la partida de Servicios Generales, se presupuestaron 1,171.4 millones de pesos, pero el gasto final fue de 2,030 millones de pesos. Un aumento de 859.3 millones de pesos, lo que sobresale: Asesorías, con un ejercicio 679.5 millones de pesos, 109.7% más.
Comunicación social y publicidad: Solo el Ejecutivo del Estado incrementó 160% este gasto. Ejerció 137 millones de pesos, cuando lo aprobado eran 52 millones de pesos.
¿En que ayudó este gasto a las familias que vieron disminuir sus ingresos o a los trabajadores del sistema de salud pública que se han mantenido en el frente de batalla de la pandemia, a pesar de la falta de recursos?
Ahora hablemos del gasto en espacios educativos. En servicios de instalación reparación y mantenimiento se gastaron 214 millones de pesos, un 258% más que lo presupuestado.
Servicios Educativos del Estado de Sonora gastó 61.5 millones de pesos, 148% más que lo presupuestado en adquisición de material didáctico, adecuar aulas móviles, en material de educación física y de educación especial.
¿Cómo entender este gasto con las escuelas cerradas y abandonadas?
La actual administración indica que hay 940 centros educativos que no están listos para recibir a los estudiantes y que se requiere 300 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas y que garanticen un regreso presencial de los estudiantes. ¿Quién es responsable de este despojo a la niñez sonorense?
El Covid-19 obligó a los gobiernos a hacer ajustes y modificaciones en sus presupuestos con el objetivo de redireccionar recursos para atender las necesidades de la pandemia pero en Sonora no fue así, sucedió lo contrario, porque en los meses más difíciles, el gasto no fue prioridad en salud ni en la reactivación económica para el Estado, tampoco para la Federación, y prueba de ello es la reducción de 364 millones de pesos de las participaciones federales, así como el retraso de la entrega del presupuesto asignado a la entidad.
Mención aparte merece el ISSSTESON que reprueba todas las evaluaciones realizadas por el ISAF: la financiera, la presupuestal, la de desempeño, la legal y la de deuda. Su situación además de que no garantiza la atención a la salud y las pensiones para los trabajadores del Estado, es una carga para todos los sonorenses aun cuando no todos son derechohabientes. Es un barril sin fondo que se come el recurso y los bienes públicos del estado. ¿Cuándo vamos a detener esto?
Nunca en mis 34 años como académica, había reprobado tanto en tan poco tiempo, como a esta Cuenta Pública.
Algo tenemos que hacer como integrantes de este Congreso. Hay un apartado en la Cuenta Pública donde se incluyen recomendaciones del ISAF para que este Poder Legislativo modifique disposiciones legales que mejoren la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Siguen caminando gobiernos opacos y este Poder Legislativo debe empezar a ser el contrapeso del Poder Ejecutivo.
