* Invaden autoridades hacendarias facultades del Ministerio Público y violentan derechos fundamentales de la ciudadanía
* Sin investigación ministerial ni orden de un juez, bloquean servicios financieros de “sospechosos”
* Propone reformar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para evitar estos abusos
Ciudad de México, marzo del 2018.- El senador Francisco Búrquez Valenzuela indicó que la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para congelar cuentas bancarias y servicios financieros de personas presuntamente involucradas en lavado de dinero es anticonstitucional, por lo que propuso eliminarla del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La atribución conferida en esa disposición legal es atentatoria de los derechos fundamentales de la ciudadanía, invade la atribución constitucional del Ministerio Público para la investigación de delitos y violenta el debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, manifestó.
Lo anterior, dijo, ha sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que al resolver en septiembre de 2017 una demanda de amparo determinó que no se puede tratar como delincuente a una persona que no ha sido denunciada ante el Ministerio Público, ni menos aún juzgada por un tribunal competente.
A pesar que la SCJN haya afirmado la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, añadió, la norma sigue vigente, por lo que la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera podrá continuar con esta práctica de manera discrecional y despótica.
El ordenamiento legal permite la creación de una Lista de Personas Bloqueadas a las que se les congelan sus cuentas bancarias y servicios financieros por el hecho de resultar “sospechosos” de lavado de dinero para la autoridad hacendaria, sin haber de por medio una investigación ministerial y la orden de un juez, resaltó.
Con ello, sostuvo, el gobierno actúa de manera arbitraria y sin asegurarse de estar sancionando a culpables, además de que estas medidas resultan contraproducentes porque alejan al ciudadano de sus gobernantes, cooperación que es necesaria para prevenir el delito de lavado de dinero.
El senador Búrquez Valenzuela denunció que la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera utilizan este mecanismo también con fines políticos para imposibilitar a opositores al gobierno el financiamiento de sus actividades de protesta, como le ha sucedido a dirigentes del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Uno podrá estar a favor o en contra de cómo se conduce la CNTE, pero es inaceptable que en un Estado de derecho se utilicen estos mecanismos para perseguir enemigos políticos”, apuntó.
Expuso que una persona al ser incluida en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP sólo tiene como medio de defensa la presentación de un amparo para probar que la denuncia es falsa y se le deje de castigar, lo que viola la presunción de inocencia.
Por esta razón, presentó una iniciativa que propone derogar los párrafos 9, 10 y 11 del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual la SCHP dejará de ser autoridad para sancionar el delito de lavado de dinero, cuya atribución es competencia del Ministerio Público.
El senador por Sonora agregó que las medidas implementadas por las autoridades en contra del lavado de dinero no han dado los resultados esperados, pues en el índice 2017 que elabora el Instituto de Gobernanza de Basiela para medir la efectividad en el combate de este delito, México aparece en el lugar 62 de 146 países.
Muchas regulaciones contra el lavado de dinero representan una pesada carga contra las libertades económicas y civiles de los ciudadanos, y pese a su aplicación de manera abusiva no se previene de manera eficiente la comisión de este delito en nuestro país, concluyó.
