Hermosillo, Sonora, diciembre de 2017.- Porque el Grupo Parlamentario del PAN impulsa leyes que propician el desarrollo integral de los seres humanos, en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad la legisladora Lina Acosta Cid hizo un llamado al Gobierno del Sonora y municipios a que definan un presupuesto etiquetado exclusivamente a las políticas públicas de integración social.
La Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Sociedad destacó que es necesario contar con un presupuesto que permita la operación de la nueva Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora aprobada en octubre pasado.
“Hago un llamado respetuoso al Sistema DIF, a las secretarías de Salud, de Hacienda, de Educación y Cultura, Infraestructura y Desarrollo Urbano, del Trabajo y a la Coordinadora de Gabinete del Ejecutivo para definir un presupuesto etiquetado para políticas públicas integrales y necesitamos avanzar también en una base de datos que refleje exactamente cuántas personas con discapacidad residen en el Estado”, destacó Lina Acosta.
Ante en el pleno del Congreso, la representante de San Luis Río Colorado dijo que la conmemoración da la oportunidad de insistir en la necesidad de la integración social, sin distinción de todos los sonorenses, porque como comunidad aún falta contar con una conciencia y tomar acciones definitivas por la integración educativa, laboral, en acceso a la salud y la activación física, en materia de transporte y vialidad, y todas las áreas de desarrollo de los seres humanos.
El nuevo marco legal busca garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad y cerrar la brecha de la desigualdad que enfrentan, y en su contenido se establecen desde sanciones en materia de discriminación, atención a la salud, capacitación, accesibilidad al transporte público, lenguaje de señas y empleo.
Además, la nueva Ley estipula la creación de un Consejo para la Inclusión al Desarrollo de Personas con Discapacidad para que el Gobierno del Estado y los municipios coadyuven con las personas que viven en esta condición para crear y ejecutar programas que permita una inclusión plena en todas las esferas laborales.
