* Diputados PAN buscan conformar Comisión Especial para tema de Alumbrado Público en Hermosillo
Hermosillo, Sonora; enero de 2019.- Desde sus orígenes, el tema de alumbrado público en Hermosillo ha sido muy controversial y complicado y los hermosillenses son los que siguen adoleciendo de esta mala negociación por parte de la administración anterior, señalo el Diputado Gildardo Real Ramírez.
Los diputados de Acción Nacional exigen respuestas para esta problemática y es de esta manera que solicitaran al Congreso sea conformada una comisión especial para investigar el origen, proceso de otorgamiento de concesión, beneficiados y se llegue a las últimas consecuencias. De encontrar causas graves buscaran juicio político para el ex alcalde de Maloro Acosta.
“Solicitaremos a dicha comisión especial que vengan en calidad de invitados y en algún momento a comparecer los que manejan dicha concesión de alumbrado público y de la misma manera; se solicitará invitar a los funcionarios involucrados”.
“Los diputados del PAN no permitiremos que se empeñe el futuro de los ciudadanos, como se hizo en Hermosillo con la concesión de alumbrado público la cual tiene una duración de más de 15 años; y se pagan 14 millones de pesos al mes”.
Gildardo Real indicó “Lo que se hizo con la concesión de alumbrado público en Hermosillo no tiene nombre, comprometiendo por medio de contrato contribuciones tan importantes como el Predial; es así; que solicitamos a la alcaldesa Celida López Cárdenas la cancelación de éste y brindamos todo nuestro respaldo”.
“Los diputados exigimos que esto se aclare, que sea transparente y de haber responsabilidades se llegue a las últimas consecuencias, es inaudita que un gobierno se empeñe en afectar el futuro de los Hermosillenses”.
Los responsables de otorgar dichas sanciones es el ISAF y de ser causa grave será el Tribunal de Justicia Administrativa quien hará las sanciones cuyas consecuencias van en el caso de los concesionarios: amonestación, sanción económica, inhabilitación para participar en adquisiciones y un resarcimiento del daño patrimonial causado.
En el caso de los funcionarios se atrae el caso al Congreso del Estado, y se interpondrá un juicio político al expresidente Maloro Acosta y funcionarios involucrados.
