Hermosillo, Sonora, noviembre de 2017.- Porque la regulación actual ha impedido que se castigue adecuadamente a los delincuentes armados, el Pleno del Congreso aprobó modificaciones al Código Penal, con el objeto de inhibir la portación y utilización de armas prohibidas, entre las que se encuentra la conocida como “machete”, y designó a la mesa directiva que durante noviembre encabezará la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda.
Mediante este Decreto, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó tras estudiar las iniciativas presentadas por los diputados Jesús Epifanio Salido Pavlovich y Carlos Alberto León García, no sólo se amplía el concepto de arma prohibida, sino que se aumenta la pena por el delito de portación de las mismas, con alcance a quien haga acopio o fabrique alguno de esos instrumentos.
La dictaminadora decidió resolver de manera conjunta las iniciativas presentadas por ambos legisladores, en virtud de que tratan sobre el mismo tema, es decir, el endurecimiento de las penas por la portación, utilización, fabricación o por hacer acopio de armas prohibidas, con prisión de seis meses a seis años, y multa de 50 a 300 unidas de medida y actualización cuando sea en lugares donde se consuman bebidas embriagantes, en centros de diversión u otro lugar público.
Cuando las armas se porten en el interior de las instituciones de desarrollo infantil, preescolar, de educación básica, media superior o superior, o en sus inmediaciones, la sanción será de dos a seis años de prisión, y multa de 80 a 500 unidades de medida y actualización, establece el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal, al que dio lectura el diputado León García.
“Estas restricciones no son implementadas por el capricho de nuestra Carta Magna y la norma secundaria, sino que tienen la finalidad de evitar la proliferación de armas peligrosas que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas en lo general, al ser utilizadas en la comisión de delitos o por parte de personas que no se encuentran debidamente capacitadas para su uso”, destaca uno de los considerandos.
Actualmente cada vez es más frecuente la utilización de todo tipo de armas en la comisión de diversos delitos, principalmente el de robo, lo que a su vez implica que dichos actos ilícitos son cometidos con lujo de violencia, amenazando la seguridad de las víctimas, como han dado cuenta los medios de comunicación, y donde ha sido el más peculiar el conocido como “machete”, agrega.
En el Artículo 87 del Código Penal se establece limitar la suspensión condicional de la pena, para que no pueda otorgarse este beneficio a aquellas personas que en la comisión del delito que se les imputa, no hayan portado armas prohibidas. Se precisa cuáles son las armas a que se refiere este precepto legal.
El diputado Salido Pavlovich explicó que con estas modificaciones a la legislación punitiva, en Sonora se les dan más instrumentos a las autoridades para combatir la inseguridad, además de que permitirá reducir el delito de robo.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la diputada Ana Luisa Valdés Avilés dio lectura al Decreto que reforma el Artículo 1° del Decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos ayuntamientos para el ejercicio fiscal de 2017.
Expuso que el 4 de octubre de 2016, la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales aprobó el dictamen de planos y tablas de valores de los municipios, e inconformes con la aprobación, los municipios de San Luis Río Colorado, Navojoa y Moctezuma, Sonora, promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que una vez desahogados los procedimientos respectivos, el máximo órgano de justicia emitió la resolución.
Ésta declaró la invalidez del Decreto número 88, por el que se aprueban los planos y tablas de valores unitarios para el ejercicio fiscal 2017, publicado el 20 de octubre de 2016 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que establece el tope de aumento del 10 por ciento en los valores, por lo que deja de tener efecto por mandato de la máxima autoridad jurisdiccional, de acuerdo a las controversias constitucionales 163/2016, 210/2016 y 216/2016.
Valdés Avilés indicó que se modifica la parte declarada inválida por la Corte, con el propósito de que no le sea aplicable a los municipios beneficiados con la resolución y de esta manera cumplir con lo ordenado en las sentencias respectivas. El Decreto se aprobó por unanimidad.
Enseguida se aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar a la empresa minera Grupo México y a la Fundación Grupo México, A.C., para que se incluya a los municipios afectados por la contaminación del Río Sonora en el programa Día del Voluntario de la Fundación Grupo México. Dichos municipios son: Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.
A nombre de la Comisión Especial Río Sonora, el diputado Rafael Buelna Clark informó que este año, la Fundación Grupo México A.C., llevó a cabo un programa denominado “Día del Voluntario” en varios municipios de catorce estados de la República, beneficiando a más de 95 mil personas y 45 instituciones de 32 comunidades, con la participación de 7 mil 200 empleados, quienes junto a sus familias trabajaron en beneficio de escuelas, espacios públicos, instituciones sociales y centros de atención al migrante.
Llamó la atención que para la realización de las actividades fueron tomados en cuenta los municipios de Agua Prieta, Cananea, Nacozari, Esqueda, Hermosillo y Guaymas, sin considerar las municipalidades afectadas por el desastre ecológico que tuvo su origen, precisamente, en una de las más importantes instalaciones mineras de Grupo México, sostuvo.
La Ley que crea la zona económica Río Sonora, aprobada por esta Legislatura en febrero de 2017, establece la implementación de la Comisión Intersecretarial, cuyo objeto es coordinar a los ayuntamientos, sector privado, sociedad civil, así como a las dependencias y entidades competentes, en la planeación, establecimiento y operación de la zona, y el pasado 25 de octubre se llevó a cabo la segunda reunión formal en la sede del Poder Ejecutivo.
“Es verdad que las acciones del voluntariado no son la respuesta definitiva para esta problemática, pero será una gran contribución para ser parte del plan de desarrollo que construye la Comisión Intersecretarial con la asesoría de NADBANK, lo que contribuirá a fomentar el interés social en prestar servicio voluntario en la región”, expresó el diputado Buelna Clark.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes hizo un llamado a socializar la Ley que crea la zona económica Río Sonora, sobre todo por la importancia que tiene la Comisión Intersecretarial, ya que el 3 de noviembre se cierra el plazo para recibir propuestas que detonen dicha zona y antes del 15 de diciembre debe estar elaborado el plan de desarrollo.
Otro Acuerdo aprobado por la asamblea es el que resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 se incluya una partida presupuestal suficiente para apoyar e impulsar el desarrollo de la preparatoria municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” en la ciudad de Nogales, Sonora.
La diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas afirmó que se busca garantizar la continuidad y permanencia de la paramunicipal, dado el impacto social y económico que representa la misma para la población nogalense, en virtud de que constituye una acción de prevención en el tema de seguridad y de impulso a la competitividad regional, de ahí la importancia de elevar y mantener el nivel académico de la preparatoria.
“Pero para lograr lo anterior se requiere de un presupuesto suficiente, ya que el que le otorga el municipio de Nogales a la paramunicipal no alcanza a cumplir con todos los objetivos trazados año con año, y a pesar de ello, como ya lo mencioné, la preparatoria ha tenido resultados positivos”, expresó la legisladora.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad y a éste se sumaron los diputados Manuel Villegas Rodríguez y Lisette López Godínez.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión Anticorrupción una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El diputado José Luis Castillo Godínez dio lectura al proyecto que propone que la Contraloría Interna del Poder Legislativo se adecue al nuevo sistema estatal de responsabilidades administrativas, para lo cual debe crearse la autoridad investigadora y la substanciadora que dé curso a los procedimientos de responsabilidad que se implementen a todo servidor público perteneciente al Congreso del Estado.
Y a la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública fue remitida la iniciativa que las diputadas Lina Acosta Cid, Célida Teresa López Cárdenas y Lisette López Godínez, presentaron con un proyecto de ley de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil para el Estado de Sonora.
Se trata de establecer canales institucionales de interlocución entre el Estado y las organizaciones, para garantizar acceso a apoyos y estímulos públicos transparentes, así como su participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Al proyecto le dieron lectura las diputadas Acosta Cid y López Cárdenas.
Antes de clausurar la sesión se designó a la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda para que presida los trabajos de la LXI Legislatura durante el mes de noviembre. Estará acompañada en la mesa directiva por las diputadas Angélica María Payán García, vicepresidenta; Teresa María Olivares Ochoa, primera secretaria; Ana Luisa Valdés Avilés, segunda secretaria y Célida Teresa López Cárdenas, suplente.
