Hermosillo, Sonora, Octubre de 2017.- En la búsqueda de evitar conflictos entre municipalidades que terminan por afectar los intereses de los gobernados, el Congreso del Estado aprobó una nueva herramienta jurídica que permitirá dar resolución definitiva a un problema añejo en la entidad en materia de delimitación de los límites territoriales de los municipios.
Se trata de la Ley para la delimitación territorial de los municipios del Estado de Sonora, nueva norma que se fundamenta en una iniciativa presentada el pasado 23 de febrero por los diputados Jorge Luis Márquez Cázares y Ramón Antonio Díaz Nieblas.
Ambos legisladores plantearon en aquella ocasión su interés porque se legislara en la materia, considerando que es facultad del Congreso local fijar o modificar los límites territoriales de los municipios y que éstos, para el ejercicio pleno de sus funciones, requieren de la clara e inobjetable identificación de sus respectivas jurisdicciones, para lo cual se establece en esta Ley secundaria la forma y términos de resolver los conflictos sobre límites entre dos o más municipios del Estado.
“No obstante que cada Municipio cuenta, históricamente, desde su fundación con una delimitación territorial, se han presentado conflictos por límites territoriales, como fue el caso que se suscitó en el año 2002 entre los municipios de Cajeme y Navojoa, donde se alegaba que el Ejido ´Santa María el Buaraje´ forma parte del primero y no del segundo”, establecieron en su iniciativa.
Otro conflicto que también se suscitó entre los municipios de Navojoa y Cajeme, refirieron, derivó del hecho de que a este último se le quitaba de su delimitación territorial el área correspondiente al “Arroyo Cocoraque”.
De acuerdo a las consideraciones del dictamen que elaboró, previo estudio, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el nuevo ordenamiento, además de estar encaminado a la garantía del debido ejercicio de la función pública y el aseguramiento del principio de legalidad, también se propone el bienestar de las personas sujetas al imperio de los gobiernos municipales.
Agrega que a partir de la definición correcta de las jurisdicciones, los gobernados quedan protegidos de los actos arbitrarios de las autoridades, quienes se ven obligadas a ajustar su actuación a la competencia establecida por el Poder Legislativo.
La Ley para la delimitación territorial de los municipios del Estado de Sonora consta de 37 artículos divididos en tres capítulos: Disposiciones generales; Disposiciones comunes a los procedimientos; y De los procedimientos para señalar o modificar límites entre los municipios. En este último capítulo se establece que podrá iniciar el procedimiento cuando los decretos existentes no se hayan plasmado con la delimitación material entre dos o más municipios.
También cuando exista discrepancia entre dos o más municipios sobre la interpretación de un Decreto que fije los límites municipales, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales será competente para substanciar hasta poner en estado de resolución el procedimiento de delimitación territorial.
En esta ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que traslada la sede del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Sonora, en forma provisional, a la Comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme, Sonora, por un periodo que comprende de las 12:00 a las 17:00 horas del día 18 de octubre de 2017, al lugar que ocupa el Centro Comunitario La Salle, para la celebración de la sesión ordinaria que le corresponde desahogar el 19 de octubre del presente.
El diputado Rafael Buelna Clark dio lectura al Decreto presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, que establece que la comisaría de Cócorit fue fundada en 1617 por los misioneros jesuitas Andrés Pérez de Ribas y Tomás Basilio, como una de las misiones que terminaron por integrar lo que hoy se conoce como las ocho naciones de los pueblos yaquis.
El significado de Cócorit deriva de la palabra yaqui Ko´okoi, que significa Chile, Pimiento o Picante. La creación de este poblado empezó como pueblo de misiones durante el régimen colonial y fue dependiente del entonces Ayuntamiento de Buenavista, y a finales del siglo XIX se elevó a Municipio, para lo cual dependía de Guaymas, pero fue suprimido como tal el 26 de diciembre de 1930, anexándose desde entonces al municipio de Cajeme, Sonora.
La asamblea también aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que en uso de sus atribuciones, en la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, considere la exención del cobro de la baja y, en su caso, reposición y/o expedición de placas de los vehículos cuyos dueños hayan sufrido el robo de la unidad.
El diputado José Ángel Rochín López expuso que los municipios con más casos de robo de vehículo son Hermosillo, Cajeme y Nogales, que en conjunto representan más del 70 por ciento del total, motivo por el cual consideró que las disposiciones de la Ley de Hacienda en cuanto a los conceptos de baja y expedición de placas, no deben ser aplicables a los ciudadanos que sufrieron el robo de su unidad motriz.
A esta propuesta se sumó la diputada Flor Ayala Robles Linares, quien propuso que las comisiones de Hacienda analicen este tema como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2018, ya que sería una buena solución para miles de ciudadanos sonorenses que han tenido la mala fortuna de ser objeto de robo en su patrimonio, sostuvo.
Iniciativas a comisiones
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones iniciativas presentadas por los diputados Moisés Gómez Reyna, Sandra Mercedes Hernández Barajas y Carlos Alberto León García.
El diputado Gómez Reyna presentó su iniciativa con proyecto de ley de prevención del suicidio para el Estado de Sonora, que tiene por objeto la atención coordinada, interdisciplinaria e institucional de la problemática del suicidio entre las dependencias y entidades estatales y municipales.
Además del desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población sobre la problemática del suicidio; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos para la prevención de suicidios en el estado; y promover la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo de suicidio, el tratamiento y la capacitación, expuso.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Salud, mientras que a la Comisión de Educación y Cultura se remitió la presentada por la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, quien propuso realizar algunas adecuaciones a la Ley de Educación de la entidad, con la finalidad de que las autoridades escolares, así como las escuelas privadas, fomenten el uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se refirió en específico a una problemática real que va en aumento y que tiene que ver con el ciberacoso escolar, también conocido como ciberbullying, lo que describió como la situación en la que un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de internet o cualquier medio de comunicación, como teléfonos móviles o tablets.
Y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se turnó para estudio la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto León García, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, a efecto de aumentar la pena a quienes incurran en incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, con prisión de uno a cuatro años, multa de 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización, y pérdida de los derechos de familia.
En caso de que el imputado incurriese nuevamente en el mismo delito, la prisión sería de tres a seis años. Actualmente el Código Penal establece una penalidad que va de tres meses a tres años, multa de diez a 150 Unidades de Medida y Actualización, y pérdida de los derechos de familia, en su caso.
El diputado León García también propuso la adición de un artículo 232-A, para que a quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que la Ley determina, se le imponga prisión de uno a seis años.
Antes de clausurar la sesión, la diputada Angélica María Payán García presentó un posicionamiento con motivo del 64 aniversario del voto femenino en México. A nombre de los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que el camino para lograr la igualdad sustantiva aún es largo y juntos es como habrán de caminarlo.
