Hermosillo, Sonora, diciembre de 2017.- Una nueva atribución tendrán los ayuntamientos del Estado de Sonora, consistente en la implementación de mecanismos para sancionar a los propietarios de inmuebles en desuso o abandonados, aprobó por unanimidad el Pleno del Congreso, a la par de una serie de modificaciones para fortalecer las resoluciones que emita el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En esta última sesión del mes de noviembre, la asamblea también aprobó un Decreto que reforma la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, para que dicha norma regule solamente los procesos que se realizan en el ámbito estatal y no los municipales, ya que éstos se rigen por la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
El primero de los dictámenes fue presentado por la Comisión de Vivienda y se fundamenta en una iniciativa que la diputada María Cristina Gutiérrez Mazón presentó tiempo atrás, con el objeto de añadir una nueva atribución a los ayuntamientos sonorenses dentro de la Ley de Vivienda para el Estado de Sonora.
Dicha atribución consiste en sancionar a los propietarios de los inmuebles en desuso o abandonados que sean un riesgo para la comunidad, como un medio para disminuir los índices de vandalismo en viviendas, prevenir su invasión y mejorar la salubridad, de manera que los gobiernos municipales tendrán a su alcance las herramientas que les permitan actuar de manera directa para prevenir este tipo de situaciones.
El Decreto establece que los ayuntamientos podrán realizar visitas de verificación, tanto en horas hábiles como inhábiles, para requerir a las personas obligadas a que cumplan con lo que ordena la Ley y, en su caso, efectuar los trabajos necesarios para la limpieza y conservación de los inmuebles, así como llevar a cabo todas las medidas de seguridad temporales que sean necesarias.
Se faculta a la autoridad municipal para que cobre las cuotas y emita las sanciones que procedan por el incumplimiento de la Ley, garantizando el derecho de audiencia y de defensa de los particulares en contra de las resoluciones.
“Queda claro entonces que el problema de las construcciones abandonadas no solamente es un problema de los particulares, tanto de los propietarios como de los vecinos de esos bienes inmuebles, sino de toda la sociedad, ya que, por una parte, fomentan la inseguridad por convertirse en guaridas de delincuentes”, expresó la diputada Gutiérrez Mazón.
En su oportunidad, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó un dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el cual se elaboró al estudiar un escrito presentado por la Barra de Abogados, A.C., mismo que hizo suyo el diputado Moisés Gómez Reyna y que consiste en apoyar las labores del Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.
Este Decreto permitirá que se descarguen las numerosas funciones que tiene el Secretario mediante la figura de los Secretarios Auxiliares de Acuerdos y el personal que le permita la disponibilidad presupuestal del Poder Judicial, con el propósito de agilizar los miles de trámites que son sometidos al análisis y resolución del máximo órgano de justicia del Estado.
“Crea las condiciones necesarias para fortalecer las actuaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que le permitan garantizar, de manera pronta y expedita, el pleno respeto al derecho humano a la justicia, de conformidad con la solicitud de la Barra Sonorense de Abogados, quienes día a día viven y contienden en los diversos juicios en los que defienden los intereses de sus representados”, afirmó el diputado Gómez Reyna.
La propuesta de ninguna manera demerita las funciones el Secretario General de Acuerdos, ni amenaza de forma alguna la integridad de las resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sino que viene a fortalecerlas, indicó, al abrir la posibilidad legal de delegar las funciones que son de mero trámite en los Secretarios Auxiliares de Acuerdos, dejando las de mayor responsabilidad para la exclusiva responsabilidad del Secretario General de Acuerdos.
Un tercer Decreto aprobó la asamblea, éste para reformar el Artículo 3, fracción V de la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, con el fin de que ésta regule sólo el ámbito estatal y no el municipal, ya que esto representa una doble regulación que afecta los procesos de entrega-recepción, en virtud de que los ayuntamientos se rigen por la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales elaboró este dictamen con proyecto de Decreto que establece que, en un inicio, la intención era que el ordenamiento antes mencionado regulara los procesos de entrega-recepción que se llevan a cabo tanto en el Estado como en los municipios.
“Sin embargo, dicha normatividad solamente menciona el contexto municipal, al definir los sujetos obligados de dicha Ley, pero la redacción de su articulado parece regular solamente el ámbito del Estado, mientras que, por otro lado, como bien se explica en la iniciativa sometida al análisis de esta dictaminadora, nuestro compendio legislativo ya cuenta con una Ley de Gobierno y Administración Municipal”, destaca uno de los considerandos del dictamen.
El diputado Jorge Luis Márquez Cázares, impulsor de esta iniciativa, expuso que ante una doble regulación se deja en la incertidumbre a los servidores públicos entrantes y salientes de los órganos de gobierno municipal, afectando los principios de legalidad y seguridad jurídica, para lo cual en el Decreto se elimina a los ayuntamientos de entre los sujetos obligados de la Ley de Entrega-Recepción.
Y para que se emita un exhorto a los titulares de la Fiscalía General del Estado de Sonora y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Pleno aprobó un Acuerdo con exhorto para que ambos funcionarios, en uso de sus atribuciones, elaboren un protocolo de actuación de delitos de maltrato infantil en la entidad.
El diputado José Ángel Rochín López sostuvo que de acuerdo a la más reciente Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en México cinco de cada diez menores entre los doce y los 17 años fueron víctimas de al menos un delito o maltrato. En 49.9 por ciento de los casos se trató de niños y en 50.1 por ciento de niñas.
“El total de delitos de actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de doce a diecisiete años estimados por la encuesta supera los diez millones, lo que representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado”, expresó.
En Sonora, de acuerdo a los encuestados, este problema se potencia en las instituciones educativas, al ser Hermosillo y Cajeme los municipios de mayor frecuencia, ya que contabilizan 28 y 30 casos de maltrato a menores, respectivamente, por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a la entidad prácticamente en la media nacional, dijo.
Y a la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero se turnó para estudio la iniciativa presentada por la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, con proyecto de ley de sanidad vegetal e inocuidad para el Estado de Sonora, que tiene por objeto establecer las medidas para la prevención, control, supresión y erradicación de plagas que representen un riesgo fitosanitario para el Estado de Sonora.
Además de promover la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los procesos de producción primaria de vegetales, productos o subproductos agrícolas, y el sustentar la certificación de origen para el otorgamiento de la “Marca Calidad Sonora” para vegetales, productos o subproductos agrícolas, que permita su identificación en los mercados, avalando su excelencia de origen, calidad, sanidad e inocuidad.
Antes de clausurar la sesión, por unanimidad se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el mes de diciembre y que quedó integrada por los diputados Carlos Alberto León García, como presidente; José Armando Gutiérrez Jiménez, como vicepresidente; José Luis Castillo Godínez, como primer secretario; Teresa María Olivares Ochoa, como segunda secretaria y Brenda Elizabeth Jaime Montoya, como suplente.
La diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, presidenta saliente de la mesa directiva, agradeció el apoyo de sus compañeros y la asesoría jurídica recibida durante el mes de noviembre, y deseó éxito a la nueva directiva.
El Pleno sesionará de nuevo el martes 5 de diciembre, a las 11:00 horas.
